El Grupo de Contratistas de la Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-Asprocon, ha solicitado hoy a todas las administraciones que actúan en Asturias como entes licitadores la constitución de una mesa de trabajo en el marco de la concertación social que permita consensuar la puesta en marcha de medidas concretas para la reactivación de la obra pública en la actual desescalada frente al COVID-19.

Las empresas contratistas, en su mayoría de pequeño y mediano tamaño, consideran que tras la reapertura de los procesos de licitación esta misma semana y la entrada en el período de vuelta a la normalidad, es el momento adecuado para articular mecanismos que dinamicen la inversión de las administraciones autonómica, locales y nacional -así como de sus entes asociados- con capacidad de licitación en Asturias, de manera que se permita al sector superar los negativos efectos provocados en su actividad por la crisis del coronavirus.

La contrata es una de las actividades que más puede contribuir a la recuperación de la economía y el empleo en Asturias por su efecto tractor sobre otros sectores en los que el impacto de la pandemia está siendo más intenso y será, sin duda, más prolongado. Pero para ello es esencial contar con el respaldo de las administraciones en dos aspectos: movilización de la inversión en obra pública y simplificación de las tramitaciones en la concesión de licencias y en los procesos de licitación.

Desde CAC-Asprocon se estima, a modo de ejemplo, que si se ponen en marcha licitaciones pendientes por parte del Principado y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés movilizan su remanente económico -paralizado hasta ahora por la regla del techo de gasto- y lo destinan a financiar la ejecución y mantenimiento de infraestructuras y obras públicas, se podrían activar más de 200 millones de euros, lo que a su vez permitiría generar 4.000 empleos directos y aproximadamente el doble de indirectos. Es evidente que la extensión de esta medida al resto de ayuntamientos asturianos, como se propone desde la patronal, incrementaría estas magnitudes de forma considerable, aliviando así la salida de la crisis provocada por el COVID-19.

Bajo estas premisas, el grupo de la Contrata de la Confederación, presidido por Manuel Fernández Martínez, propone afrontar este momento crítico para la economía regional mediante el diálogo y el consenso entre empresas y Administración, por lo que pide la creación urgente de una mesa de trabajo para la propuesta, análisis y aprobación de cuantas medidas sean necesarias para hacer de las empresas contratistas un verdadero motor de la recuperación.

Dicha mesa de trabajo, añaden, permitiría a las administraciones conocer de primera mano las necesidades reales del sector y en función de las mismas plantear mecanismos concretos de actuación efectivos, ágiles y generadores de actividad y puestos de trabajo, ya que la actual crisis exige una actuación urgente por parte de la Administración.

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