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Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este acto de clausura de nuestra asamblea general.

Hace casi un año asumí la presidencia de CAC-Asprocon encabezando un equipo que aspiraba a normalizar la vida interna de la organización tras un período de transición y a devolver a nuestro sector el protagonismo que le corresponde como uno de los principales motores de la economía. Vinimos a trabajar y creo, sinceramente, que lo hemos hecho.

El primer objetivo que les mencionaba lo hemos conseguido; la Confederación funciona hoy con absoluta normalidad gracias al esfuerzo de un gran equipo de profesionales a los que quiero agradecer su dedicación. Y, cómo no, al apoyo de nuestros asociados y asociadas a quienes doy también las gracias por su gran respaldo.

Durante estos meses se ha realizado un enorme esfuerzo por transmitir a las diferentes administraciones las demandas del sector. Hemos mantenido numerosas reuniones con responsables del Gobierno regional y de los ayuntamientos para exponer nuestras necesidades, ofreciendo nuestra colaboración allí donde se nos requiere. Les puedo asegurar que en esto no hemos desmayado ni lo vamos a hacer.

Como representantes de los intereses del sector, una de nuestras obligaciones es hacer oír la voz de los empresarios de la construcción en todos los foros donde sea necesario. Así lo hemos hecho durante estos meses, con mayor o menor acierto, pero siempre con lealtad.

Y aprovecho para agradecer públicamente la receptividad que hemos encontrado en la mayoría de nuestros interlocutores y el que algunas de nuestras peticiones -a las que luego me referiré- comiencen a ser puestas en marcha.

El sector ha mejorado y aunque estamos lejos de los parámetros anteriores a la crisis, creo que mantiene un ritmo de crecimiento sostenido y sano -lo que es muy importante-, lejos de las épocas del boom o la burbuja, que tan nefastas han resultado. Se crean empresas y se genera empleo en términos razonables. El número de empresas vinculadas al sector y el de contrataciones registradas entre enero y mayo crecieron un 8% respecto al promedio del mismo periodo de los años 2015-2018. En términos de empleo neto, el aumento fue del 13%, alcanzado ya casi los 9.500 trabajadores.

Aunque “todos queremos más”, pienso que podemos ser moderadamente optimistas. La edificación ha mejorado de forma razonable y esperamos que al menos este año y el próximo se mantenga esta tendencia. El año pasado se visaron 1.565 viviendas nuevas, aumentando respecto al ejercicio anterior un 36,5%.  Asimismo, los precios de la vivienda se recuperan y en el primer trimestre del año aumentaron un 4,2%, aunque siguen lejos de los registros previos a la crisis.

Por su parte, la contrata registra un menor ritmo de crecimiento en paralelo al bajo volumen de contratación pública, pero confiamos en que la nueva legislatura política lleve aparejada más alegría en este terreno, sobre todo si tenemos en cuenta que Asturias tiene pendientes infraestructuras y proyectos muy necesarios cuya ejecución impulsará, sin duda, nuestra actividad y la economía regional en general. Me estoy refiriendo al tren de alta velocidad, la ampliación de la Y, los accesos a la ZALIA, la urbanización de nuevos polígonos industriales o la integración ferroviaria en al casco urbano de Gijón, entre otras grandes actuaciones.

Y sumado a todo ello, el proyecto del área metropolitana que debe ser un factor integrador y un catalizador del desarrollo social y económico regional durante las próximas décadas.

Volviendo a los datos sectoriales, observamos que la licitación pública mejora respecto a los dos pasados años, pero se encuentra aún muy lejos de lo que el sector necesita para consolidarse. Entre enero y mayo se ha licitado en Asturias por importe de 134 millones de euros, cifra que supera en un 27% al promedio del mismo período del trienio anterior. Sin embargo, si tenemos en cuenta cómo evoluciona nuestro sector en otras comunidades autónomas, la lectura de este dato no es muy positiva, ya que nos sitúa entre las regiones peor paradas.

En este contexto, la firma del convenio colectivo de la construcción en Asturias, el pasado mes de enero, por parte de empresarios y sindicatos nos permite tener un marco de referencia estable para los próximos años y evitar así confrontaciones estériles que perjudiquen la productividad.

En términos macroeconómicos se vislumbran ciertas incertidumbres que de confirmarse podrían llegar a frenar el crecimiento. Por eso es imperativo que aprovechemos el presente para poner en marcha de forma urgente todas aquellas medidas y mecanismos que contribuyan a dinamizar la construcción en Asturias.

El inicio de la legislatura es un excelente momento para hacerlo. Por eso quiero aprovechar para exponerles algunas de las demandas que estamos trasladando a las administraciones para favorecer el necesario crecimiento del sector. Las empresas contratistas necesitan, como cualquier otra, estabilidad para desarrollarse y crecer. En este sentido, quiero referirme a la necesidad de disponer de un umbral de inversión mínimo que se distribuya de manera uniforme a lo largo de todo el ejercicio.

Conocer las previsiones reales de inversión en cuantía y plazos favorecerá una mayor competitividad de las empresas así como estabilidad y calidad en el empleo, con plantillas formadas y dimensionadas para una carga de trabajo determinada. Este año contamos con 37 millones para inversión, una cifra que esperamos aumente de forma progresiva en los próximos ejercicios y lo haga, como digo, con estabilidad, para evitar los valles de actividad que tanto daño hacen al sector. Para ello necesitamos un presupuesto cerrado al inicio del año de forma que lo que se licite se adjudique en ese ejercicio. Se puede hacer. Hay que negociar hasta la extenuación. Insistir, insistir e insistir.

En cuanto a licitaciones públicas, es esencial dar preferencia al concurso frente a la subasta, lo que permite corregir las bajas, facilita una obra de calidad y mejora el resultado de las empresas con la consiguiente creación de empleo estable. Quiero agradecer aquí al actual consejero de Infraestructuras, Benigno Fano, a su antecesor en el cargo, Fernando Lastra, y a todo su equipo que hayan abierto la senda para incorporar en los pliegos criterios que van más allá del precio.

Un camino que han seguido las consejerías de Sanidad y de Desarrollo Rural, y al que se va a sumar también en breve la de Educación. Confiemos que en los próximos meses sea práctica común en toda la Administración. Y cuando digo toda, me refiero también a los ayuntamientos, muchos de los cuales siguen primando la subasta. Es necesario que la Federación Asturiana de Concejos se implique en un tema que obviamente no le es ajeno y propicie que los ayuntamientos apliquen en los pliegos esos otros criterios técnicos y de calidad de los que hablamos, tal y como se acordó en la concertación regional. Porque no es de recibo que ayuntamientos del mismo signo político que el Gobierno del Principado actúen de forma dispar.

También insistimos en que es preciso que las diferentes administraciones unifiquen criterios de contratación, lo que facilitaría y simplificaría la presentación de ofertas con el consiguiente ahorro para las empresas. También se puede hacer.

Otra demanda que no nos cansaremos de plantear, en este caso a los ayuntamientos, es la reducción de plazos y la simplificación de trámites en la concesión de licencias. Solo pedimos que se cumplan los plazos que marca la ley. Ni más ni menos. El tiempo medio de concesión de licencias de obra en los principales municipios asturianos es de unos 9 meses y de 3 o 4 para las de primera ocupación. Ello acarrea importantes gastos financieros, genera inseguridad, frena las inversiones, restringe la oferta e incrementa el precio de la vivienda, dificultando la producción de un producto asequible y muy necesario.

Deben agilizarse también otros trámites necesarios para la ejecución de las obras (autorizaciones ocupación de vía pública, medios auxiliares, obras menores, etc.), unificando y avanzando en la digitalización de los procesos.

Necesitamos una gestión ágil y eficiente en las administraciones, eliminando el exceso de burocracia porque lo que debería estar enfocado a atender las necesidades de los ciudadanos se ha convertido en una lacra que frena el progreso económico. Crear una empresa o abrir un negocio es hoy un deporte de alto riesgo no accesible a todos los bolsillos y esto es un freno al emprendimiento.

En el marco municipal quiero referirme igualmente a los planes generales de ordenación urbana para pedir prudencia en su revisión, evitando caprichos políticos y haciéndolo sólo cuando sea estrictamente necesario. Procesos interminables como el que se ha vivido en Gijón estos años resultan enormemente dañinos para el sector por la inseguridad jurídica que generan.

Existen, sin duda, mecanismos para acortar los plazos y debemos aplicarlos como una prioridad social si de verdad queremos generar riqueza y favorecer la contención en el precio de la vivienda.

En relación con el urbanismo nos enfrentamos a otro problema que afecta a la vivienda y a la actividad económica de nuestros núcleos de población. Me refiero a esa sobreprotección que existe en muchos ayuntamientos en nombre del patrimonio y la cultura, cuya salvaguarda –a la que por supuesto nos sumamos- debe hacerse con criterios técnicos e históricos rigurosos y no convertirse en un freno al desarrollo local porque toda piedra es sagrada y por lo tanto intocable. No exagero mucho si les digo que hay edificios construidos sólo unas décadas atrás, sin apenas valor artístico o histórico alguno, que están casi tan protegidos como el Prerrománico. O viejos edificios en desuso cuya protección impide ejecutar actuaciones necesarias y demandadas por la ciudadanía.

Desde la CAC-Asprocon proponemos también que se estudien fórmulas que impulsen la rehabilitación y regeneración urbanas mediante recursos asociados a incrementos de edificabilidad (sin coste para la Administración) que la hagan más atractiva a particulares y empresarios.

Al hilo de la rehabilitación, quisiera también plantear la necesidad de captar los fondos europeos destinados a la descarbonización y derivarlos al sector de la construcción, uno de los más potentes generadores de empleo.

Les he comentado hasta ahora algunas de nuestras principales demandas dirigidas a las administraciones, de cuyas decisiones depende en gran medida que nuestro sector pueda desarrollarse con normalidad. Hay otros aspectos que dependen más de nosotros mismos, entre los que quiero destacar dos: el primero es la defensa de nuestra industria auxiliar y de servicios a la que debemos dar prioridad como proveedor preferente porque de ello dependen muchas empresas que son las que hoy tienen mayor capacidad para incorporar la innovación al sector, y porque contamos con compañías sobradamente cualificadas para atender cualquier demanda de la construcción. En este sentido, la ayuda de la administración para innovación y digitalización debe adaptarse al tamaño de las empresas.

Y el segundo aspecto al que quiero referirme aquí es al de la formación y, ligada a ella, al futuro de la Fundación Laboral de la Construcción. La firma del Convenio Colectivo ha dado, como ya les he comentado, estabilidad al sector para los próximos años, pero debemos seguir negociando con la otra parte para lograr una Fundación aquilatada a los nuevos tiempos, moderna, dinámica y que sea el instrumento que canalice la incorporación de las nuevas tecnologías y la innovación a nuestro sector. La formación es la actividad clave de la Fundación y en ella debemos centrar muchos de nuestros esfuerzos. Como es sabido, existe un déficit muy importante de profesionales en el sector y también de alumnos para cubrir los cursos de formación actualmente ofertados. Esta formación, establecida en la mayoría de los casos por el Servicio Público de Empleo, hace muy difícil la modificación de los cursos o la inclusión de otros nuevos. Por eso, solicitamos a la Administración la adaptación de los cursos de formación a las necesidades reales de las empresas del sector.

Con una formación a medida, evitaríamos la devolución de subvenciones de cursos que no se cubren. También es necesario un cambio en la normativa que rige los programas de formación para hacerla más fluida y evitar una vez más la lacra de la burocracia

No quiero terminar sin ofrecer al próximo Gobierno del Principado y a las nuevas corporaciones municipales toda la colaboración de la CAC-Asprocon para lograr que Asturias se sitúe a la cabeza en la generación de valor añadido para nuestro sector y que sea pionera en su regeneración.

Cuentan con nosotros en este empeño.

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