El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-Asprocon, Joel García, y el presidente de la Asociación de Fabricantes de Áridos del Principado de Asturias, Miguel Alonso, comparecieron ante los medios de comunicación para denunciar la reciente aprobación plenaria del Ayuntamiento de Oviedo que permitirá la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el entorno de Priorio.

Para el presidente de CAC-Asprocon esta medida excede de las competencias municipales y matizó que legislar o tomar decisiones como la propuesta por el Ayuntamiento de Oviedo que afectan a una sola empresa puede constituir una desviación de poder. Asimismo, solicitó que se actúe con rigor porque Asturias no está para que se cierren empresas. Indicó que ésta es una medida que puede tener un impacto muy negativo en el sector y “vamos a analizar sus consecuencias en detalle para en su caso adoptar las medidas legales que correspondan”, afirmó.

García también hizo hincapié en que podríamos encontrarnos con otro caso Villa Magdalena y que todos los ovetenses acaben teniendo que pagar unas indemnizaciones que le sean impuestas al Ayuntamiento por su proceder arbitrario.

Para Miguel Alonso, los áridos son el producto más consumido por el hombre después del agua y se utiliza no solo en la construcción, sino en numerosos sectores y actividades como la medicina, la cosmética e incluso en actuaciones que mejoras el medio ambiente como las desulfuraciones de centrales térmicas. Es un producto, además, insustituible.

De igual forma, también matizó que si el centro de explotación se aleja más de 40 0 50 kilómetros del centro de consumo, el coste de transporte es superior al del propio árido. Además, incurriríamos en un transporte que sería contaminante y que terminaría repercutiendo en el precio final de muchos productos.

En Asturias hay 46 empresas con 350 empleos directos que generan cuatro indirectos por uno, con lo que se supera el millar de puestos de trabajo y muchas empresas grandes necesitan los áridos como materia prima, como las siderúrgicas.

El representante de la Asociación de Fabricantes de Áridos también recordó que la extracción es una actividad absolutamente legislada y las empresas deben presentar cada año un plan de labores con  sus actividades del ejercicio en curso y del siguiente, además de avales para que los terrenos ocupados sean regenerados al terminar la explotación y añadió que la declaración de intenciones del Ayuntamiento de Oviedo excede de sus competencias porque nuestro sector está perfectamente controlado en el caso de Asturias, por el Principado, y sometido a la legislación nacional y autonómica. “Es una decisión que va contra una empresa que tomó decisiones de inversión acordes con la legislación y que quedaría en una situación de indefensión si prospera. El Ayuntamiento actúa generando una inseguridad jurídica que perjudica a un sector y que retrae inversiones muy importantes”, concluyó.

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